REPORTAJE
Por: Gilberto Gutiérrez y José Antonio Guerrero
Alumnos y autoridades de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) debaten sobre un tema: la instalación de cámaras de videovigilancia. Y es que durante el periodo intersemestral de diciembre-enero 2010-2, fueron instaladas 16 cámaras en diversos puntos del campus. Los estudiantes organizados argumentan espionaje; autoridades justifican que habrá mayor seguridad.
Alumnos y autoridades de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) debaten sobre un tema: la instalación de cámaras de videovigilancia. Y es que durante el periodo intersemestral de diciembre-enero 2010-2, fueron instaladas 16 cámaras en diversos puntos del campus. Los estudiantes organizados argumentan espionaje; autoridades justifican que habrá mayor seguridad.
Este debate no es un caso aislado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde las diferentes escuelas y facultades se han escuchado denuncias de estudiantes por el incremento en la instalación de cámaras de videovigilancia en Ciudad Universitaria y otras instituciones dependientes.
En internet se pueden encontrar toda clase de escritos firmados por diversos grupos estudiantiles, que denuncian una persecución contra activistas. Y es justamente en este punto, donde radica la oposición a la instalación de cámaras.
Internet y las expresiones de protesta general, ¿todo es mentira?
En sitios como la red global Indymedia (www.mexico.indymedia.orga), se pueden encontrar un sinnúmero de artículos firmados por diversos grupos de izquierda, lo mismo de derechos humanos, comunitarios, ambientalistas, indigenistas, estudiantiles, magisteriales, regionales, entre otros.
Justamente en este portal, en la sección movimientos, subsección estudiantil se denuncian actos de represión contra estudiantes de la UNAM. Un ejemplo es el texto titulado “UNAM ¡Unámonos a la creciente protesta popular”, fechado el 17 de septiembre de 2009 y firmado por el Movimiento Estudiantil Revolucionario Internacionalista (MERI).
En él se denuncian diversos mecanismos de control y el uso de un “aparato de espionaje y represión” por medio de los cuales se busca, según este texto, infiltrar las reuniones de estudiantes para ubicar a los activistas y después reprimirlos.
En esta publicación virtual también se menciona que miembros del Cisen, policías federal y de la capital del país, operan al interior de los campus dependientes de la máxima casa de estudios, para someter a activistas. Estas prácticas, argumentan, violan la autonomía de la UNAM.
Aunado a lo anterior, se quejan del impedimento para la realización de eventos políticos y culturales, “la difusión libre de la expresión y las ideas arrancando toda la propaganda casi tan pronto como se coloca. Impidiendo por consigna el paso de los activistas a los salones”(Sic).
El texto firmado por el MERI tiene un punto nodal. Afirman que “en estos últimos meses, la autoridad ha seguido avanzando, usando cualquier pretexto para aumentar la vigilancia... (incluso) se ha incrementado el uso de cámaras”.
En otro portal denominado Centro de Medios Libres de la Ciudad de México (CML-DF) aparece publicada una nota que se titula “Rectoría de la UNAM “colabora” con la SSP y la PGJDF para investigar a estudiantes”.
Aquí, se señala que el pasado 16 de octubre, el rector dela UNAM, José Narro, firmó un convenio con la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ambas del Distrito Federal, para poner en marcha un programa “para terminar con actos de violencia dentro de las instalaciones dela UNAM”.
Y de nuevo aparece el tema de la instalación de cámaras de vigilancia: “Narro mencionó que la instalación de cámaras de seguridad dentro de los distintos planteles se justifica, ya que todo a favor de la seguridad de los universitarios es positivo”.
Este sitio de internet retoma una nota publicada en el periódico La Jornada, donde el rector de la Universidad Nacional afirma que antes de terminar el 2009 estaría acabado el diagnóstico sobre violencia y porrismo al interior de la casa de estudios.
En aquella ocasión Narro Robles declaró que “actuará “con firmeza” en contra de grupos porriles porque la violencia es contraria al espíritu de tolerancia y de reflexión de la universidad”. Además, según la reportera Mariana Norandi de La Jornada: “Narro Robles señaló que la UNAM está trabajando con la SSP y PGJ capitalinas e investigando, “caso por caso”, la posible existencia de grupos violentos en cada uno de los 14 planteles de educación media superior y del campus universitario, con el fin de brindar seguridad a los estudiantes que estudian en esta institución”.
El caso de la Escuela Nacional de Trabajo Social
El 9 de marzo de 2009 la maestra Graciela Casas Torres, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), dirigió un comunicado a la comunidad de la ENTS, donde manifestó su rechazo por el robo de “un número importante de equipo audiovisual del área de préstamo de equipo y material didáctico”, perpetrado “entre los días 7 y 8 de marzo del mismo año.
En este escrito, también se lee que han “tomado las acciones legales para denunciar el delito”.
Nueve días después de ese primer comunicado, el 18 de marzo de 2009, Casas Torres firmó un segundo texto que tituló: “¡Necesitamos sus propuestas! Hechos lamentables en perjuicio de la comunidad ENTS”.
En él agradeció las muestras de apoyo y solidaridad, tras “los ofensivos actos cometidos contra el patrimonio de nuestra Escuela”.
Reiteró que su administración ya había presentado la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público en turno y recalcó: “En conjunto con las autoridades de esta Escuela estamos llevando a cabo las averiguaciones pertinentes a efecto de contar con el procedimiento establecido por la ley”(Sic).
En otro de los párrafos se lee que su administración, pidió al personal encargado del resguardo y vigilancia, que presten mayor atención al cuidado de los bienes y además reporten cualquier anomalía.
Por último, expresó que analizaban diferentes opciones que ayuden a erradicar los ilícitos y convocó a los académicos, alumnos y personal administrativo de la Escuela Nacional de Trabajo Social para que presentara propuestas para salvaguardar “nuestro patrimonio”.
Para captar las propuestas, anunció que en el área de Planta Académica, biblioteca y la explanada principal, se instalarían buzones.
No obstante que la propuesta parecía incluyente, los resultados de dicha convocatoria, jamás se dieron a conocer.
Esta falta de transparencia ha levantado cuestionamientos, no públicos, en diversos sectores de la llamada Comunidad ENTS, sobre los motivos reales en la instalación de cámaras de videovigilancia.
¿Dónde están los análisis?
En un documento titulado “Programa de trabajo 2008 -2012”, escrito por la maestra Graciela Casas, y obligadamente expuesto ante la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, en abril de 2008, con motivo del proceso de auscultación para elegir al nuevo director de la Escuela Nacional de Trabajo Social, se lee lo siguiente:
“En el planteamiento de cualquier proyecto es condición indispensable partir de un análisis preciso y objetivo de la situación que prevalece, por lo que es preciso contar con un diagnóstico situacional y, sobre sus resultados, construir para el futuro”.
La instalación de cámaras de videovigilancia es un proyecto. Por ende, tuvo que ser planteado, después analizado, para así ser ejecutado. Hasta el momento no hay información de este proceso, que a decir de esta cita, debió ser “condición indispensable”.
¿Inclusión o sólo simulación?
En el mismo documento (“Programa de trabajo 2008 – 2012”) la maestra Casas manifiesta: “es indispensable tener claro también el tipo de escuela con que contamos y, en este sentido, retomo el enfoque sistémico que plantea a la escuela como un conjunto de elementos que interaccionan, con el propósito de conseguir un objetivo común y que no actúan en el vacío, sino que tiene una relación continua”.
Sin abandonar el texto, en el punto 4 denominado “Objetivos del Proyecto”, propone: “Generar un clima de trabajo propositivo y que incluya a todos los sectores que conforman la comunidad de la ENTS”.
Los distintos “sectores que conforman la comunidad ENTS” son: alumnos, profesores, académicos, trabajadores de base, personal de confianza, comerciantes y autoridades. En su mayoría, nunca fueron informados sobre la decisión de instalar cámaras de videovigilancia y es curioso que en corto, trabajadores, maestros y alumnos se quejen de lo que parece una imposición.
En el punto seis de este último documento, titulado “Propuesta de organización”, se expone lo siguiente: “Para poder desarrollar este proyecto,... (de trabajo) además de ampliar el diagnóstico que se ha presentado, es necesario dar un giro de 180 grados a la forma de organizar y dirigir la ENTS”.
Si nos remitimos al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2008 – 2012, en su punto 6.3 denominado “Programa Impulsar la planeación y la evaluación institucional”(Sic) se fija como objetivo: “Promover un proceso permanente de planeación y evaluación institucional de carácter participativo”.
Para cumplir con este objetivo se proponen: “Acciones Estratégicas: Definir un proyecto de institución sustentado en principios, filosofía educativa y objetivos, con una visión de largo plazo, que promueva la participación de las distintas áreas de la Escuela en los procesos de planeación, programación y evaluación”.
No obstante, y a decir de la forma en que se decidió la instalación de cámaras de videovigilancia, parece que ese giro de 180 grados en la forma de organizar y dirigir la ENTS, poco tiene de incluyente en la decisión final, es falto de transparencia en los procesos y además cae en una constante típica de la vida política: la simulación.
Y es que dentro del mismo PDI, en el apartado de los cuerpos colegiados, que a decir de la propia Universidad también son los Consejos Técnicos, (http://www.alumno.unam.mx/autoridadesuniv.html) dentro de los objetivos se lee: “Lograr que la dictaminación de los programas, proyectos o iniciativas que realizan los cuerpos colegiados se realice conforme a la Legislación Universitaria a fin de que contribuyan a mejorar cualitativamente el desarrollo de los procesos académicos y administrativos de la ENTS, cuidando en todo momento la equidad y transparencia de los mismos”.
En un escrito firmado por los Consejeros Técnicos, Oscar Gutiérrez y César Flores, fechado el 8 de enero de 2010, dirigido a la maestra Graciela Casas, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, recibido y sellado por la administración con el folio 000410 expresaron que la Comisión Local de Seguridad de la ENTS, hizo caso omiso al Instructivo para la Creación y Operación de las Comisiones Locales de Seguridad, pues no informó oportunamente al H. Consejo Técnico, sobre la decisión de instalar cámaras de videovigilancia en diversos puntos del campus.
Dicho instructivo dice que la Comisión Local de Seguridad de la Escuela Nacional de Trabajo Social deberá “remitir sus acuerdos y avances a la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario y al Consejo Técnico interno y asesor, según corresponda, dentro de los 15 días hábiles posteriores a que sean tomados, para conocimiento y debido seguimiento de estas instancias”.
El hecho de no informar de la instalación de cámaras de videovigilancia al Consejo Técnico, es una clara violación a la legislación universitaria, además de que no se cumple con el mejoramiento en el desarrollo de los procesos administrativos y mucho menos de ejerce la transparencia, tan citada e incluso trabajada académicamente por personal de esta administración.
El argumento histórico
En la Escuela Nacional de Trabajo Social ya ha habido cámaras de videovigilancia. Y es que según una nota publicada en el periódico La Jornada en el año 2000, en esos días de la huelga, se encontraron cinco cámaras de circuito cerrado en la ENTS.
Entonces era director el maestro Carlos Arteaga Basurto, quien explicó que dichas cámaras fueron instaladas durante la administración de la licenciada Nelia Tello, pues “ya se habían registrado importantes robos en el área administrativa”. (La Jornada, jueves 6 de abril de 2000).
Un elemento adicional es un reportaje publicado en la revista Milenio (número 350, mayo 31, de 2004) titulado “Impunidad en la Escuela Nacional de Trabajo Social”, donde se menciona que en la ENTS se perdieron en mobiliaro y equipo, “228 bienes de activo fijo sustraídos de 1999 a 2002 por un importe de un millón de pesos”. La culpa, concluyó la auditoria, “es del personal que tiene a su cargo los bienes ya que los robos ocurrieron por falta de vigilancia y descuidos del personal”.
Aparentemente y de acuerdo con estas dos últimas informaciones publicadas en medios de circulación nacional, los robos en la Escuela Nacional de Trabajo Social no se terminaron pese a la instalación de cámaras de videovigilancia. Entonces vuelve a saltar la pregunta: ¿por qué se insiste en la instalación de dichas cámaras? Parece una decisión supra unidad académica.
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